Varela centrará su demanda de preferentes en colectivos desinformados, como el de jubilados
El fiscal jefe del TSXG recomienda el arbitraje como alternativa a los tribunales porque "en muchos casos será una vía más rápida"
 |  |
Decenas de perjudicados por las preferentes, concentrados ayer en una sucursal de Cangas. // G. Núñez
JULIO PÉREZ - VIGO Al igual que la Xunta, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avala el arbitraje como una "buena alternativa" a un contencioso administrativo para los afectados por las preferentes en la comunidad. "En muchos casos (explica Carlos Varela) será una vía mucho más rápida que la judicial". Porque no todos los compradores de este tipo de productos, como también matizan desde las organizaciones de consumo, cuentan con garantías de éxito a través del proceso de mediación. Al igual que ocurre con la demanda colectiva que prepara la Fiscalía. "Si llegamos a la conclusión, como parece ser en relación a un colectivo en concreto como son los pensionistas, que fue indebidamente comercializado, vamos a tratar de conseguir que el juez declare que hubo una cláusula abusiva por falta de información suficiente", resume.
Ésa es la clave. La demostración o no de que la clientela carecía de los datos necesarios para decidir si realmente quería adquirir los títulos. "Y que a partir de ahí, esa cláusula sea expulsada del contrato (argumenta Varela) y que, por tanto, los afectados puedan recuperar sus depósitos". Junto a un cliente tipo como los jubilados, el fiscal jefe agrupa en general, en la "casuística" de la demanda (prevista para finales del próximo mes de junio), a "los suscriptores que ignoraban las condiciones del producto. "Los que tengan información suficiente (advierte) no tendrían ese perfil".
La situación de los alrededor de 43.000 afectados que hay en Galicia, especialmente con las emisiones de Novagalicia (el banco cifra en su caso unos 903 millones de euros entre inversores minoristas), centró el encuentro que mantuvieron ayer Varela y el conselleiro de Economía, Javier Guerra. El departamento "sigue trabajando intensamente en la información y el asesoramiento" de los compradores. El 75% de los que pasaron por el Instituto Galego de Consumo (IGC) para buscar una solución, 818 afectados, ya pidieron la apertura de un proceso de arbitraje, "complementario con otras alternativas y de obligado cumplimiento". La nota de prensa de Economía asegura que el camino judicial es "largo" y puede prolongarse "entre 5 y 6 años". El fiscal jefe, en cambio, evita hablar de plazos. "Es difícil", señala. "Los plazos propios de la justicia", resume.
En este momento, las diligencias (que partieron en una fase inicial de la Fiscalía de Pontevedra) cuentan con unos "500 contratos" que se están estudiando, según Varela, para luego formalizar la demanda civil de acción colectiva. Con "estudios correspondientes" se está "tratando de ver y determinar si fue un producto adecuado para un determinado perfil de consumidores".
Los afectados mantienen sus protestas en la calle
Los afectados por las preferentes no desisten y mantienen sus protestas para exigir la devolución de sus fondos mientras sigue sin encontrarse una solución al conflicto. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insiste en la fórmula del laudo arbitral, en contra de la opinión de los colectivos perjudicados por estos productos financieros.
La Plataforma de O Morrazo continuó ayer con su agenda diaria de movilizaciones concentrándose de nuevo entre las 10 y las 12 de la mañana frente a la sucursal de Novagalicia en Cangas. Esta oficina se vio obligada a cerrar sus puertas, aunque los empleados continuaron trabajando en el interior. Mientras tanto, en Moaña, las tres sucursales de la entidad financiera continuaron cerradas al público para evitar incidentes derivados de las protestas frente a su sede.
Ésa es la clave. La demostración o no de que la clientela carecía de los datos necesarios para decidir si realmente quería adquirir los títulos. "Y que a partir de ahí, esa cláusula sea expulsada del contrato (argumenta Varela) y que, por tanto, los afectados puedan recuperar sus depósitos". Junto a un cliente tipo como los jubilados, el fiscal jefe agrupa en general, en la "casuística" de la demanda (prevista para finales del próximo mes de junio), a "los suscriptores que ignoraban las condiciones del producto. "Los que tengan información suficiente (advierte) no tendrían ese perfil".
La situación de los alrededor de 43.000 afectados que hay en Galicia, especialmente con las emisiones de Novagalicia (el banco cifra en su caso unos 903 millones de euros entre inversores minoristas), centró el encuentro que mantuvieron ayer Varela y el conselleiro de Economía, Javier Guerra. El departamento "sigue trabajando intensamente en la información y el asesoramiento" de los compradores. El 75% de los que pasaron por el Instituto Galego de Consumo (IGC) para buscar una solución, 818 afectados, ya pidieron la apertura de un proceso de arbitraje, "complementario con otras alternativas y de obligado cumplimiento". La nota de prensa de Economía asegura que el camino judicial es "largo" y puede prolongarse "entre 5 y 6 años". El fiscal jefe, en cambio, evita hablar de plazos. "Es difícil", señala. "Los plazos propios de la justicia", resume.
En este momento, las diligencias (que partieron en una fase inicial de la Fiscalía de Pontevedra) cuentan con unos "500 contratos" que se están estudiando, según Varela, para luego formalizar la demanda civil de acción colectiva. Con "estudios correspondientes" se está "tratando de ver y determinar si fue un producto adecuado para un determinado perfil de consumidores".
Los afectados mantienen sus protestas en la calle
Los afectados por las preferentes no desisten y mantienen sus protestas para exigir la devolución de sus fondos mientras sigue sin encontrarse una solución al conflicto. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insiste en la fórmula del laudo arbitral, en contra de la opinión de los colectivos perjudicados por estos productos financieros.
La Plataforma de O Morrazo continuó ayer con su agenda diaria de movilizaciones concentrándose de nuevo entre las 10 y las 12 de la mañana frente a la sucursal de Novagalicia en Cangas. Esta oficina se vio obligada a cerrar sus puertas, aunque los empleados continuaron trabajando en el interior. Mientras tanto, en Moaña, las tres sucursales de la entidad financiera continuaron cerradas al público para evitar incidentes derivados de las protestas frente a su sede.
