LAS PREFERENTES TIENEN SOLUCIÓN JUDICIAL AMPARADA EN LA LEY DE CONSUMO 2007

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El fiscal del Estado plantea una demanda "de consumo" por la venta de preferentes

Torres-Dulce sigue la estela del fiscal gallego para anular las cláusulas abusivas de este producto

Afectados por las preferentes de Redondela entregan un escrito de petición al alcalde, Javier Bas. // Faro 

L.GRAÑA / AGENCIAS - VIGO/MADRID El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no han hallado margen para que los afectados por las opciones preferentes puedan recurrir a la vía penal, pero sí ha señalado que se podría optar por la vía civil "a través de la legislación de consumo". "Hemos estado estudiando la posibilidad de tipificar penalmente algunas actividades. Hasta el momento no encontramos fácil ubicación típica que respete el principio de legalidad de esas actividades dentro de un proceso penal, pero sí tenemos claro que en la legislación civil de consumo sí puede haber un espacio de reclamación", ha avanzado.
La ley de Consumo de 2007 (RD 1/2007) dedica todo un capítulo a las cláusulas abusivas en los contratos, que es precisamente la clave de la que ha echado mano su homólogo gallego, Carlos Varela, para anunciar que su departamento formulará este mes una demanda civil colectiva contra Novagalicia Banco. Torres-Dulce ha apuntado que, a raíz de las diligencias informativas que se han abierto en diversas comunidades, "posiblemente hacia finales de junio o principios de julio" decidirán interponer "una demanda de consumo en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios". "En la medida en que podamos encontrar, dentro de los límites de la justicia civil, satisfacción para esos consumidores, ahí estamos", sostuvo.
La reclamación del PSOE
En este sentido, el PSOE ha pedido también a la Fiscalía que actúe con "celeridad y contundencia", tanto por la vía penal como por civil, contra las entidades financieras que vendieron participaciones preferentes. En muchos casos se demuestra que ha habido una comercialización fraudulenta", ha explicado el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Economía y Competitividad, Antonio Hurtado.
Las plataformas de afectados fletan "hasta 80 autobuses" desde toda Galicia para la protesta de hoy en A Coruña
"Va a ser la manifestación más grande que hayamos hecho hasta ahora", dice Isidro, de la plataforma de afectados por las preferentes de Porriño. Los afectados aseguran tener fletados "hasta 80 autobuses" para la protesta que se celebra hoy en A Coruña.
Los autocares partirán "desde todas las partes de Galicia", constata Carmen Blanco, de la plataforma de Vigo. Durante la tarde del jueves y de ayer los colectivos de afectados estuvieron reunidos para "acabar de organizar" el acto de mañana, que prevén "masivo".
"Nosotros contamos con congregar a unas 10.000 personas", dicen las plataformas. Saldrán autobuses desde O Morrazo, Vigo, Condado, Pontevedra, Arousa, Santiago, Ferrol y Lugo. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha fletado también un autocar.
El itinerario está preparado, al igual que los cánticos y proclamas. Los autobuses partirán de Vigo a las 9:30 horas, al igual que los fletados desde Cangas, Moaña y Marín. Las plataformas morracenses aumentaron en dos los autocares disponibles ante las peticiones "masivas" de los afectados. Solo de O Morrazo partirán diez buses.
Las plataformas han valorado el apoyo de algunos gobiernos locales, como el de O Rosal y Pontevedra, que han sufragado parcial o completamente el coste del transporte hacia A Coruña.
El programa
La manifestación sale a las 11:30 horas de la Avenida Linares Rivas de la ciudad herculina, y el primer destino de los manifestantes será la delegación del Gobierno. La segunda parada será la sede del Banco de España, en la calle Juana de Vega. "No somos inversores, somos ahorradores" es una de las proclamas que prevén cantar delante del edificio que el organismo supervisor tiene en la ciudad. (Las plataformas han preparado lemas para cada uno de los puntos en los que se pararán durante la protesta). Desde ahí caminarán hacia la sede fiscal de Novagalicia Banco, junto a la calle San Andrés.
La marcha finalizará con la lectura de un manifiesto en el que los afectados volverán a exigir "una solución para esta estafa y la recuperación de nuestro dinero", explicó a este diario Carmen Blanco, de Vigo. La lectura del texto será en el Obelisco.
La de ayer fue una jornada con más protestas en diversos puntos. Los afectados por las preferentes se movilizaron en Redondela y en Nigrán. Un grupo se manifestó frente a la casa del exdirector general de Novacaixagalicia, José Luis Pego.

EL FISCAL DEL TSXG PRESENTARÁ UNA DEMANDA COLECTIVA SOBRE PREFERENTES QUE PUEDE BENEFICIAR A 43000 CIUDADANOS

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Varela centrará su demanda de preferentes en colectivos desinformados, como el de jubilados

El fiscal jefe del TSXG recomienda el arbitraje como alternativa a los tribunales porque "en muchos casos será una vía más rápida"

Decenas de perjudicados por las preferentes, concentrados ayer en una sucursal de Cangas. // G. Núñez 

JULIO PÉREZ - VIGO Al igual que la Xunta, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avala el arbitraje como una "buena alternativa" a un contencioso administrativo para los afectados por las preferentes en la comunidad. "En muchos casos (explica Carlos Varela) será una vía mucho más rápida que la judicial". Porque no todos los compradores de este tipo de productos, como también matizan desde las organizaciones de consumo, cuentan con garantías de éxito a través del proceso de mediación. Al igual que ocurre con la demanda colectiva que prepara la Fiscalía. "Si llegamos a la conclusión, como parece ser en relación a un colectivo en concreto como son los pensionistas, que fue indebidamente comercializado, vamos a tratar de conseguir que el juez declare que hubo una cláusula abusiva por falta de información suficiente", resume.
Ésa es la clave. La demostración o no de que la clientela carecía de los datos necesarios para decidir si realmente quería adquirir los títulos. "Y que a partir de ahí, esa cláusula sea expulsada del contrato (argumenta Varela) y que, por tanto, los afectados puedan recuperar sus depósitos". Junto a un cliente tipo como los jubilados, el fiscal jefe agrupa en general, en la "casuística" de la demanda (prevista para finales del próximo mes de junio), a "los suscriptores que ignoraban las condiciones del producto. "Los que tengan información suficiente (advierte) no tendrían ese perfil".
La situación de los alrededor de 43.000 afectados que hay en Galicia, especialmente con las emisiones de Novagalicia (el banco cifra en su caso unos 903 millones de euros entre inversores minoristas), centró el encuentro que mantuvieron ayer Varela y el conselleiro de Economía, Javier Guerra. El departamento "sigue trabajando intensamente en la información y el asesoramiento" de los compradores. El 75% de los que pasaron por el Instituto Galego de Consumo (IGC) para buscar una solución, 818 afectados, ya pidieron la apertura de un proceso de arbitraje, "complementario con otras alternativas y de obligado cumplimiento". La nota de prensa de Economía asegura que el camino judicial es "largo" y puede prolongarse "entre 5 y 6 años". El fiscal jefe, en cambio, evita hablar de plazos. "Es difícil", señala. "Los plazos propios de la justicia", resume.
En este momento, las diligencias (que partieron en una fase inicial de la Fiscalía de Pontevedra) cuentan con unos "500 contratos" que se están estudiando, según Varela, para luego formalizar la demanda civil de acción colectiva. Con "estudios correspondientes" se está "tratando de ver y determinar si fue un producto adecuado para un determinado perfil de consumidores".
Los afectados mantienen sus protestas en la calle
Los afectados por las preferentes no desisten y mantienen sus protestas para exigir la devolución de sus fondos mientras sigue sin encontrarse una solución al conflicto. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insiste en la fórmula del laudo arbitral, en contra de la opinión de los colectivos perjudicados por estos productos financieros.
La Plataforma de O Morrazo continuó ayer con su agenda diaria de movilizaciones concentrándose de nuevo entre las 10 y las 12 de la mañana frente a la sucursal de Novagalicia en Cangas. Esta oficina se vio obligada a cerrar sus puertas, aunque los empleados continuaron trabajando en el interior. Mientras tanto, en Moaña, las tres sucursales de la entidad financiera continuaron cerradas al público para evitar incidentes derivados de las protestas frente a su sede.

LAS PREFERENTES TIENEN SOLUCIÓN JUDICIAL

Identifícate / Regístrate Jueves 31 de mayo de 2012    

La Audiencia de Zaragoza obliga a devolver a un matrimonio de jubilados el dinero de las preferentes

El banco tendrá que pagarles 78.000 euros al probarse que no reunían el perfil idóneo y tenían "escasa formación académica"

Los afectados por las preferentes de O Morrazo volvieron a protestar ayer en sucursales de Cangas y Moaña. En el caso moañés pusieron música en una de las oficinas, y no se registraron incidentes. // G. Núñez 

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  *Consulte la sentencia íntegra

LARA GRAÑA - VIGO "Las entidades financieras deben proporcionar al inversor la información adecuada al producto, advirtiéndole del riesgo y especialmente aconsejar de la inversión en relación a su perfil". Esta es la base de la primera sentencia de una Audiencia Provincial contra las participaciones preferentes. Se trata de un fallo que obliga a la entidad, en este caso al Banco Popular, a devolver 78.000 euros a una pareja de ancianos que se hicieron, sin saberlo, con este producto. Los magistrados Julián Arque, Francisco Acín y María Elia Mata (de la sala de lo Social de Zaragoza) rechazan los argumentos de la entidad, que aseguró que sí había informado de manera "verbal" al matrimonio del riesgo que asumían.

Pero la Audiencia ha tumbado la estrategia de la defensa del banco. Asegura en su sentencia que una pareja de "jubilados, con escasa formación académica" no son el tipo de cliente que deba comprar este producto. "Es la primera vez que una Audiencia Provincial emite una sentencia de este tipo", explica a FARO el responsable de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) de Zaragoza, Alberto Cardona. "Los jueces decretan que el banco debe indemnizar por todas las pérdidas contraídas por el matrimonio", asevera.

Perfil "conservador"

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, no anula el contrato de las participaciones preferentes. Como explica Cardona, "los defectos a la hora de informar a la pareja son tan graves que se obliga al Popular a devolver todo el dinero y a pagar por daños y perjuicios". "Es obvio que el producto ofrecido por el banco recurrente [Popular Banca Privada SA] no se adaptaba al perfil netamente conservador de los demandantes", dice textualmente la resolución judicial.

Es más, la "escasa formación académica" de la pareja de jubilados "aconsejaba invertir sus ahorros en un producto más seguro, diferente por supuesto del ofertado" por parte del banco, agregan los tres jueces que han dictado esta sentencia. "Procede pues confirmar la sentencia en cuanto que declara la responsabilidad civil contractual" de la entidad.

El matrimonio de jubilados (uno de ellos está enfermo) invirtió 72.670 euros en junio de 2009. El Popular le colocó, según explica la sentencia, participaciones preferentes de un banco islandés, el Kaupthing Bank. Esta entidad tuvo que ser rescatada por el Gobierno y, actualmente, su cúpula directiva está a la espera de ser juzgada por fraude. La sentencia de la audiencia aragonesa obliga a la devolución de la cantidad invertida más los intereses, hasta un total de 78.000 euros.

En Galicia

En Galicia la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha denunciado ante la Fiscalía Superior documentos internos de Caixanova que "demuestran" la intencionalidad de colocar las preferentes "a un gran número de ahorradores" "que busquen garantía de capital y de intereses" y "cuanto más al menudeo mejor".

EVITAR EL DESAHUCIO AUNQUE SE PIERDA LA VIVIENDA

Asunto: Una ayuda contra los desahucios de los BancosParece demasiado fácil, pero a veces las soluciones más sencillas son las más eficientes.

Medidas legales contra los desahucios:El banco embarga la vivienda familiar y dependiendo del precio que dicho banco consiga en la subasta, el embargado sigue debiendo lo que el banco "cree oportuno" y de por vida. Cuando las subastas quedan vacías (que es lo que está pasando como norma) el banco se queda con la propiedad a menos del 50% de su valor. Continuando con el reclamo del 100% al embargado y pudiendo revender esa propiedad por el precio que ellos estimen oportuno con un 50% de margen... Una gran negocio para el banco, pro un gran sufrimiento para la familia que se queda sin vivienda pero con la deuda.

Un método  legal,  que puede buscar el propietario a desahuciar, y que un banco no te va a contar,  es el siguiente:

Método por el cual, se pierde de igual manera la "propiedad", pero, no te pueden echar de tu casa.
1.-En cuanto una persona ve que no va a poder pagar su casa, automáticamente, y antes de que eso ocurra,  le hace un contrato de alquiler a su mujer/suegra/hijo/hermano o a quién se pueda, por el valor de  10€, con una duración "indefinida"/50 años, 100 años. Cantidad únicamente simbólica.

2.-El contrato debe estar a nombre de alguien que no figure en la hipoteca. El contrato debe estar pasado por el registro de la propiedad.
3.-En el momento del embargo, la propiedad figura en el registro a nombre del hipotecado, pero figura como una propiedad con inquilinos.

Resultado del embargo, la "titularidad de la propiedad" cambia, a nombre del banco. El domicilio continúa teniendo inquilinos.

4.-Con esta maniobra, cierto, se perdería la propiedad, pero el que iba a ser desahuciado, no podrá serlo, aunque eso si,  tendría que que pagar a nuestro nuevo "casero" por nuestro expiso 10€ al mes y de por vida  .
Aquí teneis un gran arma, y cuando "legalmente" no pueda seguir
usándose, buscaremos más.

Medidas de guerra para un tiempo de guerra

El asimestrismo de las leyes, perjudica

Un ejemplo con la ley de violencia de género 

Esta mañana, a las puertas del Juzgado, mientras los medios entrevistaban a mis representados, afectados de la trama de bebés robados, un hombre se me ha acercado y me ha contado su historia. Escalofriante.

Era un hombre sencillo, tranquilo, afable, de unos 40 años y con aspecto de persona normal. Salía del Juzgado de Violencia cabizbajo y se me acercó -sin conocerme- para contarme que estaba siendo víctima de denuncias falsas de su exmujer, que buscaba los beneficios concedidos a las “víctimas” de estos presuntos delitos.

Soy consciente de que lo que me contó puede o no ser cierto; pero, en todo caso, tengo la certeza -yo mismo he sido testigo en mi despacho- de que en numerosas ocasiones se hace un uso abusivo e interesado de la Ley, y se interponen denuncias falsas por delitos de violencia “de género” en lo que el único objetivo es una posición de mayor fuerza para negociar un convenio o un instrumento para articular una venganza.

Desde nuestro ámbito, muchos consideramos necesario abordar una reforma de la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, para alcanzar el principio de igualdad y la no discriminación por razón de sexo que consagra la Constitución Española de 1978. Lo que en el siglo XXI debiera parecernos elemental, se ha transformado hoy en un desequilibrio en favor de la mujer que ha acabado motivando denuncias falsas y abusos amparados en esa desigualdad. Una asimetría que no favorece a nadie más que a quien quiere abusar de la Ley y articular su peculiar estrategia con las potentes armas que ésta le confiere.

Por ello, entendemos que debe reformularse la Ley eliminando todo trato asimétrico en función del sexo, y deben suprimirse los Juzgados “de género”.

También creemos que debe aprobarse una Ley Nacional de custodia compartida, como opción preferente que armonice la regulación legal de la misma en el conjunto del Estado y que garantice la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles.

En definitiva, se trata de igualdad, de protección de los derechos de todos, corrigiendo las injusticias que hoy sufre el varón por el mero hecho de serlo, y primando el interés de los menores como bien superior, auténticas víctimas en más de una ocasión del trato asimétrico de una Ley injusta.

Os adjunto un vídeo de la web de la Plataforma por la Igualdad , que invita a reflexionar.

Guia legal contra el fraude de implante mamario

Guía legal para las afectadas por los implantes mamarios PIP

Un cirujano muestra una prótesis mamaria. | El Mundo.

• Las demandas pueden dirigirse a cirujanos, distribuidores y administraciones
• Contra el 'cerebro' del fraude, la vía es penal y corresponde a los estados

Laura Tardón | Madrid

Actualizado martes 10/01/2012 08:10 horas

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A estas alturas, nadie puede negar que en algún punto de la cadena el sistema de vigilancia y control de productos sanitarios ha fallado. Esto es lo que quiere averiguar el ministro francés de Sanidad, Xavier Bertrand, con la nueva investigación que ha encargado a la Agencia del Medicamento francesa (Afssaps) y a la Dirección General de Sanidad (DGS). Para adjudicar responsabilidades es importante saber quién o quiénes erraron.

Aunque aún quedan muchos detalles por descubrir, los diferentes expertos consultados por ELMUNDO.es hablan de una suma de errores en cascada, desde las instancias europeas hasta el propio cirujano, sin olvidar cada uno de los gobiernos que dieron luz verde a los implantes PIP.

Como afirma Jaume Serra, cirujano plástico y reparador del Hospital Virgen del Consuelo (Valencia), "la Unión Europea ha fracasado en la vigilancia y mecanismos, por lo que debería asumir los costes". Por su parte, el portavoz comunitario de Salud y Consumo de la UE, Frèderic Vincent, asegura que "son los Estados miembros los que deben hacer las evaluaciones de riesgo necesarias a nivel nacional". De momento, plantea dos propuestas: poner en marcha un sistema común de evaluación para analizar los peligros y el impacto de estas prótesis y, antes del primer semestre del año, revisar la legislación europea sobre dispositivos médicos, entre los que se encuentran los polémicos implantes mamarios.

Responsabilidad de los estados

Siguiendo el eslabón, aunque las prótesis contaran con el certificado CE, cada estado decide si finalmente lo autoriza o no en su territorio. Como argumenta Ignacio Martínez, especialista en Derecho Sanitario y abogado de la Asociación El Defensor del Paciente, "cabe recordar que EEUU, por ejemplo, no autorizó los PIP. El Ministerio Español, sin embargo, sí dio el permiso de comercialización".

Esta es la razón que mueve al grupo de afectadas por prótesis PIP en Valencia a preparar una demanda contra el Ministerio de Sanidad. "Se trata de nuestra salud. No sabemos qué va a pasar con nosotrasporque aún no se sabe con seguridad qué efectos tienen sobre el organismo, y menos a largo plazo. Queremos que las autoridades asuman los costes que conlleva la retirada de estas prótesis, como hace Francia", apunta Eva Giménez, portavoz del grupo. El doctor Serra les apoya: "Para evitar fraudes de este tipo, los gobiernos tienen que gestionar inspecciones periódicas a los centros y a los profesionales y crear un sistema de vigilancia basado en la notificación y registro de problemas producidos, pero esto no se ha hecho en España".

Distribuidores y comercializadores

También se podría demandar a los distribuidores y/o comercializadores de las prótesis, como va a ocurrir en Venezuela, donde unas 200 mujeres portadoras de los PIP han anunciado que demandarán ante la Justicia de su país a los fabricantes y comercializadores de las prótesis, quienes forman parte de "un circuito económico" que ha generado ingresos y ganancias.

El abogado que lleva el caso venezolano, Gilberto Andrea, aclara que los cirujanos plásticos que colocaron las prótesis PIP no serán demandados porque presuntamente también fueron timados al confiar en un producto que contaba con la garantía de la agencia de salud francesa. Hay que tener en cuenta que en Venezuela muchas mujeres eligen y compran directamente los implantes. En España, los cirujanos plásticos también se sienten engañados: "Tan estafados somos los cirujanos como los pacientes. Nos vendieron prótesis como buenas y así las poníamos nosotros, pensando que eran buenas", asegura Ezequiel Rodríguez, presidente de la Fundación docente de la Sociedad Española de Cirugía plástica Reparadora y Estética(Secpre).

¿Quiere demandar?

El abogado español, Ignacio Martínez, lleva los casos de unas 50 mujeres portadoras de implantes PIP. Como él mismo aclara, "aún no hay ningún procedimiento iniciado". Está esperando a que ellas decidan si finalmente quieren demandar y a quién. Existen varias posibilidades: demandar de forma individual y/o en grupo.

"Dado que cada mujer presenta un caso distinto [y una factura diferente], creo que lo más efectivo para que a la afectada le paguen la retirada de los implantes, la colocación de las nuevas prótesis y le indemnicen por los daños sufridos es dirigir la demanda al cirujano/clínica, ya que todas las actividades que generan riesgo público tienen la obligación de tener un seguro que pueda responder".

El problema de la demanda individual, añade, es que "cada una de ellastiene que asumir los costes que conlleva el procedimiento. Entre abogado, procurador y perito, puede oscilar entre 2.000 y 2.500 euros, aunque según el abogado, hay seguros del hogar que cubren los gastos jurídicos. Y hay que advertirles de un riesgo: "El pleito se puede perder porque los implantes estaban autorizados y el juez podría incluso condenar a la afectada con costas (pueden ascender hasta un tercio de lo que se reclama)".

Si las afectadas se agrupan en asociación, "se elimina el problema de la condena en costas, pero resulta una vía difícil para reclamar caso por caso cuando son tan diferentes (unas no tienen síntomas, otras han sufrido infecciones, varias operaciones, otras han perdido la sensibilidad en los pezones...)".

Sin embargo, puede ser una alternativa muy buena "si tenemos pruebas de que la Administración española tenía elementos para no autorizar el producto o para haberlo retirado antes". Incluso existe una solución mixta (también como demanda colectiva): "Un procedimiento contencioso administrativo para demandar al Ministerio de Sanidad (por autorizar el producto o no retirarlo antes) y por otro lado a las clínicas/cirujanos".

Contra el fundador del fraude

¿Pero quién es realmente el culpable del fraude? Jean-Claude Mas (72 años), el fundador de la red de implantes mamarios, en paradero desconocido. Según Martínez, "es el responsable primario de haber fabricado un producto supuestamente dañino". Contra este estafador "la reclamación ya no es civil sino penal y esto le corresponde a los estados", señala el letrado español. La Seguridad Social francesa ya ha presentado una demanda "por estafa y engaño agravado" contra el fabricante de las prótesis mamarias PIP (Poly Implant Prothèse).

Por su parte, la Interpol ha lanzado una 'alerta roja' en la que pide a todos los países miembros de la organización su búsqueda y captura inmediata por presuntos "delitos contra la salud y contra la vida", pero no por el fraude de los PIP sino por conducir ebrio.

Un ejemplo de Derecho Administrativo dilatorio

El Concello, obligado a devolver los 3,8 millones del SU 13, impugna el fallo

E. L. > SANXENXO

La alcaldesa agotará la vía judicial antes de proceder al pago.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra ha declarado firme la sentencia emitida el pasado mes de mayo en la que estimaba el recurso interpuesto por Emprosal 16 S.A., Llave del Año, S.L. y Lanzagolf S.L. sobre la devolución del importe percibido por el Concello de Sanxenxo en virtud del convenio urbanístico suscrito con los promotores del suelo urbanizable número 13, situado en Monte Faro. Así, el juez obliga a la Administración local a reintegrar a estas empresas la cuantía de 3.830.692 euros con aplicación de los intereses correspondientes desde la fecha de su reclamación en vía administrativa. El Concello ya ha impugnado este fallo presentado un recurso de revisión, dado que fue declarado desierto el recurso de apelación al no haberse presentado el escrito de personamiento dentro del plazo establecido por la Sala.
El objeto de este litigio es la resolución municipal de 21 de julio de 2009 denegatoria de la petición cursada días antes por estas firmas para el reembolso del dinero. La decisión se basa en un informe de la Xerencia Municipal de Urbanismo que argumenta que el abono de 3,8 millones de euros a favor de la Administración sanxenxina no se había realizado en sustitución de la obligación de reserva de vivienda protegida, porque no se contempla legalmente esa posibilidad, entendiéndolo, pues, como una “mera entrega voluntaria o liberalidad”. En los mismos términos se manifestó el interventor general en su informe en el que destaca que la entrega dineraria tuvo un carácter voluntario, rechazando además que estuviese basada en criterios de equivalencia económica.
Sin embargo, los demandantes apoyan su reclamación en el contenido de los diversos documentos preparatorios del convenio urbanístico suscrito en su día y en los informes previos a la resolución del entonces presidente de la Xerencia Municipal de Urbanismo, del 15 de diciembre de 2006, que autorizó el cambio del sistema de iniciativa pública a privada a desarrollar sustituyendo el modo de actuación en cooperación por el de compensación. A su vez, en este escrito se eximió al Plan Parcial del SU 13 de la reserva de suelo para viviendas sometidas a algún régimen de protección en los términos establecidos en el artículo 64 f) de la LOUGA.
Para el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra “esa resolución tuvo su apoyo en dos informes, el primero del 22 de noviembre de 2006 de la gerente municipal de Urbanismo y el segundo del 15 de diciembre de 2006 del Interventor, ambos favorables a la decisión de cambio de sistema de actuación con exención de la obligación de reserva de suelo pero que, en especial el primero, condicionaban la exención referida al pago por las promotoras solicitantes de la cantidad de 3.830.692 euros”.
En este sentido, la sentencia insiste en que en el informe de la Xerencia se calificaba expresa y literalmente de “compatible” el interés de las mercantiles solicitantes en desarrollar el ámbito libres de la obligación de reserva y el del municipio en buscar líneas de financiación para fines de beneficio público. “Las palabras textuales empleadas por la técnico informante para referirse a la condición de pago de esa cantidad de la que quedaba pendiente la efectividad de la exención aceptada fueron la de los respectivos intereses del Concello y promotoras”, apunta el juez.
El magistrado matiza también que los sucesivos pactos adoptados por ambas partes no llegaron a alcanzar aprobación definitiva debido a la entrada en vigor de la Ley 6/08, que ya impedía legalmente la exoneración de reserva de suelo para viviendas de promoción pública en los planes parciales, mientras que el último de los convenios, de agosto de 2009, “cuyo texto se redactó unilateralmente por el Concello no llegó a aprobarse una vez que las interesadas ofrecieron reparos al respecto con motivo del trámite de audiencia concedido a los fines del art. 237. 3° LOUGA”.
Por otra parte, el juez considera “altamente indiciario” que como referencia para la determinación de la cantidad a abonar por las recurrentes una vez pactada la posibilidad de desarrollo, la entonces gerente de Urbanismo del Concello de Sanxenxo hiciera uso precisamente -como se recoge en su informe- de un precio estimado de repercusión de suelo de 145,08 euros/metros cuadrados partiendo de los módulos de VPA (1.112,30 euros), determinando de este modo como importe total de la valoración de la exención de la reserva la cantidad final de 3.830.692 euros.